jueves, 10 de febrero de 2011

Concursos públicos: un arma de doble filo para los emprendedores

FUENTE: COTIZALIA

Uno de los nidos a los que más acuden las grandes empresas -y últimamente también las pequeñas- es el de los concursos públicos: trato con la administración, contratos generosos, plazos beneficiosos... Sin embargo, ¿conviene acudir a ellos? ¿Qué tiene de bueno acudir a un concurso público? Y, sobre todo, ¿qué tiene de malo?

Los datos actuales son claros: según un estudio realizado por la multinacional Vortal, el número de licitaciones para concursos públicos en España ha aumentado nada menos que en un 50% en los últimos años. Este aumento se ha debido a la crisis económica, que ha pulverizado todas las medias: en la Comunidad de Madrid el aumento en 2008 fue del 40,1% (283 solicitudes), mientras que la Generalitat catalana observó un desbordante crecimiento del 67,7% de este tipo de licitaciones.

A favor: una vía de ingresos de gran potencial
¿A qué se debe esto? Las razones son sencillas: en primer lugar, al terrible decrecimiento de los negocios privados y la práctica imposibilidad de establecer contactos comerciales entre las distintas sociedad mercantiles. Además, las empresas consideran que la Administración pública se perfila como una vía de ingresos de mucho potencial, sobre todo ahora que la crisis ha cerrado el grifo de los demás tipos de vías.

Hasta tal punto es así que los concursos públicos han dejado de ser terreno exclusivo de las grandes empresas. Según el estudio de Vortal, nueve de cada diez pequeñas y medianas empresas han recurrido a este tipo de negocio en los últimos años. Una tendencia que ha salpicado a los autónomos, que ven el dinero público como la única forma de remontar sus ingresos.

En contra: morosidad y recortes públicos
Sin embargo, ¿es recurrir a los concursos públicos una idea tan buena como parece? Como casi siempre, hay también datos que respaldan lo contrario. Y es que las administraciones públicas son el mejor ejemplo de morosidad actual en España. De hecho, el 74,4% de las pymes que son proveedoras de las administraciones públicas ha tenido problemas para efectuar sus cobros. Dentro de esta coyuntura, los peores 'clientes' vienen a ser las administraciones locales (a las que recurre el 51,2% de las pymes), las autonómicas (34,1%) y la Administración Central (12,2%). Todos estos rangos de morosidad pública han desembocado en una media de retrasos de cinco meses en el pago de los servicios.

Por otro lado, si la crisis ha azotado con fuerza al sector privado, el público no está tampoco para demasiadas celebraciones. Las comunidades autónomas ya disponen de una elevadísima deuda pública que no sólo se ha convertido en arma arrojadiza y de polémica, sino que ni siquiera muestra síntomas de que vaya a disminuir. A nivel local la cosa no está mejor, y ya hay varios ayuntamientos haciendo incluso recortes de plantilla. Y ésta sólo es la cara pública, pero es visible y comprobable que todas las administraciones públicas están llevando a cabo durísimos recortes en inversiones y en obra pública. Justo los dos sectores con mayor afluencia de concursos públicos.

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